Las autoridades federales de los Estados Unidos han declarado que no darán asistencia a los usuarios (muchos de ellos auténticos clientes) de Megaupload para la recuperación de sus datos. Evidentemente, tampoco se harán responsables de cualquier pérdida o daño que sufran los mismo. Lo anterior es debido al alto coste del proceso de identificación, copia y devolución que tendría que hacerse por casos individuales. Esta es la última noticia que se ha dado a conocer en el proceso legal que enfrenta el gobierno estadounidense en contra de Dotcom, que en días pasados había puesto a trabajar arduamente a su equipo legal para armar un contraataque.
La defensa acusaba al FBI por haber copiado la información de sus discos duros a pesar de que las autoridades de Nueva Zelanda habían denegado el permiso. El colmo es que el proceso de copia se realizó a través de Internet y la respuesta fue: lo que resulta ilegal es el apropiarse de medios físicos y no de los datos clonados en la Red. ¡Menuda perspectiva asume ahora la autoridad norteamericana! Sin duda que distinguir la legalidad de la ilegalidad en base a que ésta última sólo concierne a medios físicos bien vale plantearse la pregunta ¿de qué medios físico se había apropiado Megaupload para armar todo este follón?
Sin duda que el juez que deberá decidir quién tiene la razón en esta disputa tendrá una dura tarea. Darle la razón al FBI implicaría aceptar que el proceso puede estar viciado desde el inicio, es decir, que si, como decimos, es materia legal sólo los elementos físicos de los cuales uno se apropia, entonces la misma compañía acusada no ha cometido ilegalidad alguna. Por el contrario, aceptar que la agencia estadounidense actuó de manera incorrecta (como me parece que debería hacerse para dar congruencia al caso entero y atendiendo a un elemento que parecen olvidar, a saber, la propiedad intelectual) podría darle un giro importante a las cosas y quienes pujan por la recuperación de sus datos podrían tener éxito.
Pero mientras tanto la postura intransigente que han asumido del lado acusador no hace vislumbrar un buen horizonte para los 25 petabytes de información confiscados. Los 66,6 millones de usuarios en el mundo y los 1.100 servidores del proveedor de alojamiento Carpathia –que paga 9000 dólares al día por el resguardo de los datos– tendrán que esperar al filo del sofá la resolución que no parece nada sencilla. Aunque se puede dar la posibilidad de que, previo pago, cada usuario pueda recuperar sus archivos. Lo que queda claro es que la misma acción de copia de los datos efectuada desde los Estados Unidos ignorando una negativa de la autoridad neozelandesa pone una sombra más sobre el caso. No sería la primera vez que los Estados Unidos actúan al margen de las normas internacionales, por lo que habría que esperar a sacar lo mejor de este desliz y que el juez que tiene esta patata caliente en las manos actúe con sensatez y buen criterio jurídico.
¿Pensáis que esto puede sentar un precedente rumbo a una normativa internacional para la Red? ¿Será esto el fin de las esperanzas de los usuarios de Megaupload? ¿Creéis que es justo que sean los usuarios los que tengan que pagar por recuperar su información? ¿Qué haríais vosotros si tuvierais el caso en vuestras manos?
