Hace muy poco que se habla de la aprobación de ACTA, una aprobación a espaldas de los ciudadanos, los cuales carecen de información y desconocen sus causas y efectos. Pero, ¿que es ACTA?
En octubre de 2007, Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y Japón anunciaron, al mismo tiempo, que iban a negociar un nuevo tratado sobre la propiedad intelectual, llamado Acuerdo Comercial Anti-Falsificación o ACTA. Australia, la República de Corea, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, y Canadá se han unido a las negociaciones. Aunque el nombre del tratado propuesto podría sugerir que el acuerdo sólo se refiere a la falsificación de bienes físicos (como los medicamentos) la poca información que ha sido puesto a disposición del público mediante la negociación de los gobiernos sobre el contenido del tratado deja claro que va a tener un alcance mucho más amplio y en particular, se ocupará de las herramientas nuevas que apunten a la distribución de Internet y tecnología de la información.
ACTA tiene varias características que plantean problemas potencialmente importantes para la privacidad y las libertades civiles, para la innovación y también para el libre flujo de información sobre el comercio legítimo de Internet, sobre todo el de los países en desarrollo, en los que los consumidores pierden la capacidad de elegir las opciones políticas que mejor se adapten a sus prioridades, afectando también al nivel de desarrollo económico.
Es un hecho que la información que ha sido puesta a disposición de los ciudadanos, por parte de los gobiernos negociadores del ACTA, ha sido mas que escasa, como se puede comprobar en un documento recientemente filtrado, y ya conocido por la opinión pública, titulado Documento de debate sobre un posible acuerdo comercial contra la falsificación, proveniente de una fuente desconocida y el cual nos da una idea de él más centrada en el contenido importante sobre esta nueva propuesta de ley.
Peter Hustinx, supervisor europeo de protección de datos comenta:
La propiedad intelectual debe ser protegida, pero no debe estar por encima de los derechos individuales de privacidad y protección de datos.
A pesar del impacto potencialmente perjudicial y significativo para los consumidores y la innovación en Internet, el plazo acelerado de negociación en el que se desarrolla el tratado deja mucho que desear acerca de lo que un pueblo espera de sus mandatarios.
España ya ha firmado el tratado y, al igual que casi todos los países europeos, excepto Alemania, Holando, Eslovaquia, Chipre y Estonia, están a favor de que alguien reciba penas de cárcel por saltarse cualquier tipo de protección informática.
El principal problema de este tratado, al contrario que las aplazadas SOPA y PIPA, es que todas las negociaciones se llevan a cabo en secreto. Algo que, bajo mi punto de vista, acabará explotando por algún lado.
La piratería existe y seguirá existiendo, y parece que en este caso el fin sí justifica los medios, por erróneos que puedan ser.
Estaremos expectantes acerca de la aprobación de este tratado, en el Parlamento Europeo, y sus consecuencias, aquí, en Xombit.
ACTA (PDF) | Carmen Otero (Profesora de Derecho en UCM)
