Ya hace meses que Megaupload fue cerrado tras una redada realizada por el FBI en casa de Dotcom, el fundador del servicio.
Y es que aún hoy el tema da que hablar: esta vez se trata del vídeo de la cámara de seguridad de la mansión que el millonario tiene en Nueva Zelanda, ya que las imágenes grabadas durante la operación policial han desaparecido “misteriosamente”, o al menos así han informado las autoridades del país.
Tras ello, el Tribunal del país comunicó a las autoridades que la orden de allanamiento era incorrecta, y se realizó una segunda solicitud, momento en que Dotcom presentó una demanda contra la incursión policial utilizando la fuerza (a parte de argumentar la legalidad y su propiedad de los archivos).
Este fue el momento en que se permitió al jefe de seguridad del fundador de la empresa descargar una copia de las imágenes de las cámaras de seguridad del archivo personal de Dotcom, que fueron confiscadas por la policía durante la operación.
Pero imaginaros la cara del jefe de seguridad al llegar a la policía y ver que habían desmantelado el servidor completamente, además de recibir la negativa por parte de los funcionarios de volver a armarlo o proporcionarle datos contenido en él (pese a existir un previo acuerdo para liberar ese material).
Tras todo esto, el subdirector de Policía, Malcom Burgues,, argumentó:
Unos 20 o 30 oficiales que participaron estaban altamente capacitados y participaron en la redada después de evaluar la amenaza existente de que las evidencias pudieran ser destruidas. No estamos seguros de si tenemos o no esas imágenes.
Con esto se ha perdido la gran prueba que demostraría si la historia de Dotcom es verdad, quedando por tanto eliminada la posibilidad de saber si la actuación contra el dueñio de Megaupload resultó ser ilegal o no.
Ahora la pregunta es: ¿Culpable por no poder demostrar la actuación ilegal del FBI, o inocente por no poder probar la legalidad de la actuación? Lo cierto es que tras la intención del FBI de acceder a los archivos de los usuarios de Megaupload, su intención de iniciar demandas individuales contra ellos, y la intención de un abogado español a denunciar al FBI, sumado a la desaparición de un vídeo clave, la credibilidad de que esa actuación resultó ser ilegal empieza a cobrar muchísima fuerza, mientras que la legalidad de la misma empieza a no aguantarse por ningún lado.
O al menos, así lo es para mí.
