Parece que surgen reacciones de los países al caso PRISM, en el que Edward Snowden, antiguo trabajador de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, se fugó con numerosos documentos confidenciales. Gracias a ello se supo del espionaje generalizado a los usuarios de Internet, e incluso a líderes políticos. El presidente Barack Obama se supone que no sabía demasiado del programa, pero parece que el escándalo ha asustado a otros políticos, que no quieren que sus “trapos sucios” internos salgan a la luz. ¿La solución? Pues medidas represivas, como viene siendo lo habitual en estos casos por parte de los gobiernos.
Y es que en Japón se han aprobado penas de cárcel para los relacionados con la filtración de secretos. Aquellos con acceso a la información pueden ser sentenciados a diez años por divulgarla, y los periodistas (o cualquier ciudadano) sufrirían penas de hasta cinco años por intentar acceder a estos datos de manera inapropiada. El problema es que existe la posibilidad de que no conozcan el carácter reservado de esos detalles. Desde los correspondientes ministerios se podrá calificar información como secreta durante sesenta años, o incluso un período superior. El Primer Ministro Shinzo Abe cree que la ley resulta necesaria para garantizar la seguridad nacional y para que Estados Unidos colabore con sus agencias de inteligencia.
Muchas voces críticas en el país consideran que el texto se ha aprobado demasiado rápido, sin la necesaria reflexión y explicación, y que además dificultará la relación entre el sector público y el privado. Lo cierto es que este tipo de leyes no buscan proteger los intereses de las naciones, sino evitar los problemas que implican las incómodas verdades reveladas por personajes como Edward Snowden o Julian Assange. Sin duda, un nuevo paso para transformar las democracias en sistemas autoritarios.
¿Qué opinas del tema? ¿Crees que resultaba necesario aprobar medidas de este tipo, o que sólo pretenden dificultar que se conozcan los abusos de los poderosos?
